Fecha
Autor
Los líderes políticos y sociales, protagonistas de la actualidad nacional e internacional, poseen una gran responsabilidad cada vez que aluden a temáticas vinculadas con la salud, tanto colectiva como individual. Sin embargo, esta responsabilidad no siempre es dimensionada en su real magnitud. En reiteradas ocasiones hemos sido testigos de mensajes erróneos, simplificados o derechamente falsos, que terminan influyendo en las percepciones y decisiones de la ciudadanía.
La pandemia de COVID-19 fue un ejemplo paradigmático: a nivel mundial se otorgó tribuna a discursos negacionistas, a la desconfianza hacia las vacunas y al rechazo de medidas preventivas como el uso de mascarillas. Esta falta de rigor comunicacional no fue inocua: debilitó la confianza en la ciencia, dividió a las comunidades y, en última instancia, costó vidas. Incluso antes de la pandemia ya había cobrado fuerza el movimiento antivacunas, responsable en parte de descensos significativos en las coberturas de inmunización y del resurgimiento de enfermedades infectocontagiosas que se creían controladas.
En Chile, las consecuencias de estas brechas comunicacionales se reflejan también en la actualidad. En agosto de este año, el Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica por el aumento de casos de coqueluche, una enfermedad respiratoria particularmente grave en los extremos de la vida (menores de un año y personas mayores de 65), así como en personas inmunodeprimidas. Pese a que la vacuna contra la tos convulsiva forma parte del programa nacional de inmunizaciones, persisten dudas y resistencias en parte de la población, muchas veces alimentadas por desinformación.
El escenario internacional también ofrece ejemplos recientes de irresponsabilidad. Un líder de relevancia mundial llegó a afirmar públicamente que el consumo de un analgésico común durante el embarazo estaría asociado al autismo, sin contar con respaldo científico alguno. Este tipo de declaraciones, emitidas desde posiciones de poder y amplia visibilidad mediática, generan alarma, siembran desconfianza hacia tratamientos seguros y contribuyen a difundir temores infundados.
Quienes ostentan lugares de privilegio en la sociedad —políticos, líderes de opinión, autoridades sanitarias— deben ser especialmente cuidadosos con la información en salud que transmiten. Sus palabras tienen la capacidad de influir en conductas individuales y decisiones colectivas: desde la vacunación de un niño hasta la adopción de medidas de prevención comunitaria. Por ello, la comunicación en salud no puede improvisarse ni ser utilizada como recurso electoral, sino sustentarse en la mejor evidencia disponible, transmitida de manera clara, responsable y empática.
Chile se encuentra en un nuevo proceso de elección de autoridades. En este contexto, cada candidata y candidato tiene el deber de informar con veracidad y promover acciones que efectivamente contribuyan a mejorar la salud y prevenir enfermedades. La ciudadanía, por su parte, también debe exigir un estándar más alto: no basta con promesas atractivas si no están acompañadas de factibilidad técnica y sustento científico.
La comunicación en salud no es un detalle accesorio del debate público. Es una herramienta de impacto real, que puede salvar vidas o ponerlas en riesgo. Y por ello, debe ser ejercida con la misma responsabilidad que demandamos en la toma de decisiones sanitarias.
